Sheinbaum impulsa justicia indígena y desarrollo estratégico en Guanajuato
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en San Miguel de Allende el Plan de Justicia para los pueblos Chichimeca y Otomí del noreste de Guanajuato y el semidesierto de Querétaro. Esta estrategia busca saldar deudas históricas con comunidades indígenas mediante acciones de reconocimiento territorial, cultural y de derechos plenos.
Uno de los logros centrales fue la creación del Ejido Nuevo Cruz del Palmar, que da resolución pacífica a un conflicto agrario de más de ocho décadas. Este reconocimiento agrario, formalizado con la entrega de documentos oficiales, simboliza la disposición del gobierno federal para cerrar capítulos de injusticia y abrir nuevos espacios de certidumbre jurídica para las comunidades.
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El Plan de Justicia está respaldado por una inversión cercana a 793 millones de pesos y beneficiará a casi 120 mil personas de 111 comunidades indígenas. Entre las prioridades se encuentran iniciativas de infraestructura, recuperación de patrimonio cultural y mejoras sociales.
Entre las acciones contempladas se encuentra la recuperación de sitios históricos como la Capilla del Puerto de Calderón, la construcción de cinco comedores escolares y la puesta en marcha de un Centro de Excelencia en Partería y Bienestar. También se impulsan programas educativos y de vivienda, así como apoyos a jóvenes mediante iniciativas federales de capacitación laboral.
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El plan incorpora además la creación de Casas Comunitarias de Lengua Indígena y acciones de electrificación, caminos rurales y dotación de servicios básicos. Estos esfuerzos responden a demandas de desarrollo sostenible, fortalecimiento cultural y acceso a servicios que permitan a las comunidades planear su futuro con autonomía.
La mandataria destacó que este plan se apoya en cambios constitucionales recientes que reconocen los derechos plenos de pueblos indígenas y afrodescendientes, y que permitirán la asignación directa de recursos anuales a las comunidades. Esta medida asegura una participación más activa de los propios pueblos en la gestión y priorización de proyectos.
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El Plan de Justicia representa un paso hacia una política pública que combina reconocimiento histórico con inversión estratégica para el desarrollo social. Para el sector empresarial y de liderazgo, este enfoque plantea nuevas oportunidades de colaboración en infraestructura comunitaria, cadenas productivas locales y proyectos de impacto social sostenible.
